Malvinas: la Justicia federal aceptó intervenir en una causa contra las empresas petroleras y decide si suspende la exploración

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó este miércoles un planteo de ex combatientes de la guerra de Malvinas para decidir si suspende la exploración de petróleo del proyecto “León Marino” (Sea Lion) que llevan adelante en la zona las empresas de “Rockhopper Exploration” y “Navitas Petroleum”, a quienes el gobierno nacional de Javier Milei busca sancionar y que denunció penalmente.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la magistrada se declaró competente para intervenir en una causa que inició este año el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas -La Plata- (CECIM) por el presunto daño ambiental que ambas petroleras estarían realizando en el mar Argentino y en las islas del Atlántico Sur y que reclaman que se dicte una medida que suspenda los trabajos de ambas compañías.

“Que el objeto de la pretensión consiste en que las demandadas se abstengan de iniciar y/o continuar las obras, instalaciones, perforaciones y demás intervenciones vinculadas a dicho emprendimiento mientras no se sustancie ante la autoridad ambiental nacional competente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, explicó la jueza en su resolución.

La causa es distinta a la que esta semana inició el gobierno nacional contras las empresas petroleras que exploran en Malvinas. Esa es una denuncia penal para que se investigue a las compañías por posibles delitos de acción pública.

Pero el expediente que tramita en Tierra del Fuego es la primera que podría tener una resolución contra Rockhopper y Navitas en el corto plazo. Los ex combatientes reclamaron que se dicte una medida cautelar que la ley marca que debe ser resuelta en poco tiempo para evitar que continúe el daño denunciado.

La jueza Borruto adelantó en su resolución que lo hará luego de recibir una serie de informes y medidas, entre ellas que el gobierno de Tierra del Fuego, a cargo de Gustavo Melella, tenga intervención en el expediente.

El presidente Milei anunció la semana pasada en cadena nacional sanciones a las empresas que exploran petróleo en Malvinas y que desde 2028 estarán en condiciones de explorarlo. También denuncias penales, proyectos para elevar las penas y la continuidad de la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, entre otras medidas.

Todo en el contexto de la reafirmación de la soberanía de Argentina en las Islas Malvinas, lo que generó controversia con el Reino Unido que reafirmó su autoridad sobre ese territorio por la autodeterminación de sus habitantes.

Después de la cadena nacional, Rockhopper y Navitas dijeron públicamente que van a continuar con la exploración porque tienen el aval de las autoridades de Malvinas y del Reino Unido.

Antes de los anuncios del gobierno nacional, los ex combatientes iniciaron una causa en Tierra del Fuego por el proyecto “León Marino”. El reclamo es que la exploración se suspenda hasta tanto se compruebe que los trabajos no generan daño ambiental.

Con el aval de la fiscal federal Lorena Bendaña, la jueza Borruto aceptó tratar el reclamo. Explicó que el proyecto petrolero “se instala materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima de la Nación”.

“La acción no se agota en una controversia técnico-ambiental, pues subyace en ella la defensa de la soberanía nacional, bien colectivo indivisible que reviste la calidad de interés federal por antonomasia. Concurren así, de modo simultáneo, factores de atribución en razón de la materia, de las personas y del lugar, que configuran un supuesto de competencia federal insustituible”, agregó la magistrada.

Antes de resolver si suspende la exploración, el tribunal le dio un plazo de cinco días a CECIM para que presente una serie de documentación y además le otorgó 10 días al gobierno de Tierra del Fuego para que intervenga en la causa “en resguardo de los intereses patrimoniales y ambientales del Estado provincial”.